Esta es la Plataforma oficial y ampliada de la IX
marcha indígena aprobada a mediados de mayo y presentada públicamente
en la comunidad Santa Ana de Moseruna, en la primera parte de caminata
hacia La Paz
Plataformaenergetica.org (La Paz, 25 de junio de 2012).- Texto
completo de las demandas de la IX Marcha como plataforma por la defensa
de la vida y dignidad, los territorios indígenas, los recursos
naturales, la biodiversidad, el medio ambiente, las áreas protegidas, el
cumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE) y de la Ley
180, y el respeto de la democracia (descargar documento en PDF de la web
de la Plataforma Energética, ver link al final de esta nota).
1. Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y Territorio Indígena Multiétnico (TIM I)
Cumplimiento y vigencia plena de la Ley Nº 180 (de Protección al
TIPNIS). Modificación inmediata de su Reglamento (según acta de 4 de
noviembre de 2011). Retiro de todos los asentamientos y ocupaciones
ilegales y las plantaciones ilegales de coca en el TIPNIS. Abrogación de
la Ley Nº 222 (de Consulta al TIPNIS). Retiro inmediato y no ingreso de
barcos militares de la Armada Boliviana, así como de militares y
funcionarios encargados de ejecutar la consulta en el TIPNIS. Aplicación
y cumplimiento de las normas y regulaciones sobre Áreas Protegidas, así
como del Convenio de Coadministración entre el TIPNIS y el gobierno.
Exigimos que el proceso administrativo para la construcción del tramo
III, que atraviesa el Territorio Indígena Multiétnico TIM – I, de la
carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos vuelva a fojas cero.
2. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguarague
Cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno de fecha 21 a
23 de mayo de 2010 y 22 de octubre de 2011, con relación al Parque
Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguarague; así como los
avances y acuerdos suscritos en octubre de 2011 entre el gobierno y la
APG. Pausa por la Madre Tierra (suspensión de las actividades
hidrocarburíferas solo en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo
Integrado Aguarague, mientras no se traten y/o remedien los pasivos
ambientales, así como se cumplan los derechos y el consentimiento libre,
previo e informado de la nación guaraní). Inmediata aprobación del
Decreto Supremo para la transferencia del 0,5% para el financiamiento
del monitoreo socioambiental en todos los territorios de las naciones y
pueblos indígenas originarios. Discusión sobre la política
hidrocarburífera y energética con participación y coordinación de las
naciones y pueblos indígenas originarios, y de los distintos sectores
sociales.
3. Reconocimiento de los pueblos y naciones indígenas originarias
Reconocimiento concreto e individualizado de las naciones y pueblos
indígenas originarios preexistentes y declaratoria de éstos como sujetos
de derechos, según lo establecido en la CPE y las leyes vigentes, en el
marco del Estado Plurinacional. Garantizar la representación directa de
las naciones y pueblos indígenas originarios en todos los niveles de
gobierno (Nacional, Departamental, y Municipal), así como también en los
demás órganos del Estado.
4. Tierra, Territorio y Madre Tierra
Titulación inmediata de todos los procesos de saneamiento de TCOs en
actual trámite a favor de naciones, pueblos y comunidades indígenas
originarias, y garantizar los recursos suficientes a cargo del TGN para
la ejecución. Ampliación, a través de ley, del plazo para la culminación
del saneamiento de TCOs a favor de las naciones y pueblos indígenas
originarios. Garantías para la continuidad de la verificación en el
cumplimiento de la Función Económica Social a la mediana propiedad y de
empresa, en el marco de la CPE y la Ley Nº 1715, con su modificación con
la Ley Nº 3545, y su reglamento.
Ejecución de un plan de reversión y expropiación de propiedades medianas
y de empresas conforme a ley. Garantía en la dotación comunitaria de
tierras por compensación y dotación ordinaria a favor de las naciones y
pueblos indígenas originarios, otorgándoles prioridad a éstas, según las
preferencias de ley. Garantía para la no ejecución de auditorías, como
de otros procedimientos similares, que pongan en riesgo la condición de
indivisibles, imprescriptibles, inalienables, inembargables e
irreversibles de las TCOs, tituladas y en proceso de titulación, y para
que no se cuestionen y/o desconozcan los títulos ejecutoriales de las
mismas, según el Art. 294 de la CPE y las actas suscritas en el 2011
producto de la VIII Marcha.
Garantía para la no aplicación de la política de asentamiento humanos
en TCOs y desalojo de todas las ocupaciones ilegales en los territorios
y comunidades indígenas originarias, titulados o en proceso, a través
de las instancias competentes. Desistimiento de la demanda de nulidad
iniciada por el Municipio de Cotagaita en contra de la TCO Jatun Ayllu
Thulla, Nación Chichas, por ser una medida de carácter político.
Construcción e implementación concertada de un modelo de desarrollo
comunitario de acuerdo a la visión y la libre determinación de las
naciones y pueblos indígenas originarios, con gestión pública indígena y
para el Vivir Bien del país. Invertir las reservas internacionales
netas para el financiamiento prioritario de los emprendimientos
productivos de las naciones y pueblos indígenas originarios, así como de
otras organizaciones comunitarias del ámbito rural y urbano, en el
marco del desarrollo de la economía comunitaria.
Reconocimiento y fomento de organizaciones y empresas comunitarias
como actores productivos en el sector minero-metalúrgico e
hidrocarburífero. Anulación del contrato minero de exploración, así como
de la explotación, del Cerro Mallku Quta de la Nación Charkas, y del
proyecto hidrometalúrgico de Coro Coro, Nación Jach’a Suyu Pakajaqi, así
como la paralización de toda actividad extractivista en los territorios
indígenas originarios donde existan conflictos socioambientales.
Participación directa de las naciones y pueblos indígenas originarios en
los beneficios y ganancias que reportan las actividades y proyectos
extractivos: minería e hidrocarburos.
Prohibición y garantías expresas para que el Estado no disponga
ilegalmente de tierras a favor de empresas que realizan actividades,
obras y/o proyectos hidrocarburífero y mineros, sean éstas de carácter
estratégica u operadoras, en territorios de las naciones y pueblos
indígenas originarios consolidados jurídicamente o en proceso, de
acuerdo al Art. 294 de la CPE.
5. Medio Ambiente
Cumplimiento de los derechos al medio ambiente, a la biodiversidad y a
los ecosistemas, en el marco del respeto y la defensa de la Madre
Tierra, para vivir en un medio ambiente sano y saludable. Administración
y manejo directo de las Áreas Protegidas por parte de las
organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios, de
acuerdo a la CPE, su objeto de creación y finalidades, a través de sus
estructuras organizativas y ejercicio de normas y procedimientos
propios.
Aplicación de normas y regulaciones técnicas vigentes para la
implementación de proyectos extractivos y desarrollo sostenible,
susceptibles de afectar a territorios y comunidades indígenas
originarios. Remediación, restauración y resarcimiento social, cultural y
ambiental en los territorios indígenas originarios donde operan los
proyectos mineros de las empresas Inti Raymi, La Joya y Chuquimia, Suyu
Sura, que afectan la cuenca del río Desaguadero, la explotación aurífera
aluvional en el río Madre de Dios que afecta comunidades del TIM II, la
explotación del proyecto del Mutún en la Provincia Germán Busch que
afecta comunidades del pueblo chiquitano, así como otras operaciones
extractivas, hidrocarburíferas y mineras, que impactan negativamente los
ecosistemas y biodiversidad de éstas.
6. Desarrollo y ajuste normativo
Aprobación de la Propuesta de Ley de la Madre Tierra (consensuada el
2010). Aprobación de una norma a favor de las naciones y pueblos
indígenas originarios, que defina precios justos de los productos
orgánicos. Modificación de la Ley del Régimen Electoral e incorporación
de un representante por cada nación y pueblo indígena originario en la
Asamblea Legislativa Plurinacional y en las Asambleas Legislativas
Departamentales, por normas y procedimientos propios.
Modificación de la Ley del Tribunal Constitucional y de la Ley del
Tribunal Agroambiental e incorporación de representantes de las naciones
y pueblos indígenas originarios elegidos de forma directa y por normas y
procedimientos propios. Modificación de la Ley de Deslinde
Jurisdiccional. Modificación de la Ley Marco de Autonomías y
Descentralización. Modificación de la Ley de la Revolución Productiva
Comunitaria. Tratamiento de la Propuesta de Ley de Áreas Protegidas.
Tratamiento de la Propuesta de Ley de Desarrollo Integral de la Amazonia
de CIRABO y CIPOAP. Tratamiento de la Propuesta de Ley de Pesca.
Tratamiento de la Propuesta de Ley de Unidades Territoriales de la CIDOB
y CONAMAQ. Tratamiento de la Propuesta de Ley de Hidrocarburos de la
APG y CIDOB. Tratamiento de la Propuesta de Ley de Minería del CONAMAQ.
7. Cumplimiento de los acuerdos de la VIII Marcha Indígena Originaria
Cumplimiento de los acuerdos firmados entre el gobierno y los
representantes de la VIII Gran Marcha Indígena el año 2011, que constan
en 14 actas y acta complementaria, así como los acuerdos programáticos
suscritos el presente año con las regionales de la CIDOB.
8. Respeto a la libre determinación y al autogobierno de las naciones
y pueblos indígenas originarios, y sanción a los atentados contra ella
Encarcelamiento y prisión en Chonchocoro a los responsables y autores
materiales e intelectuales del atropello y la represión brutal del 25
de septiembre de 2011 en Limoncito, Chaparina y San Lorenzo (Yucumo), y
durante las movilizaciones en defensa de los derechos de las naciones y
pueblos indígenas originarios.
Resarcimiento y satisfacción pública por parte del gobierno a las
hombres, mujeres, niños y adultos mayores indígenas y urbanos,
reprimidos, vejados y que sufrieron la vulneración de sus derechos en
todas las movilizaciones por la defensa del TIPNIS y los derechos de las
naciones y pueblos indígenas originarias.
Exigimos al Canciller David Cahoquehuanca esclarezca ante el
Ministerio Público, ante las instancias competentes del Estado y a la
opinión pública por su falso secuestro, lesiones y tentativa de
homicidio. Exigimos la descriminalización de la protesta pública que
está garantizada en la CPE, así como el cese a la persecución política y
policial a los dirigentes de las estructuras de las organizaciones
indígenas originarias, así como a todo luchador social de cualquier
sector de la sociedad civil.
Cese a las arbitrarias intervenciones e intromisiones en las estructuras
de las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios,
que afectan a sus instancias de toma de decisiones, a su representación,
al ejercicio de la democracia comunitaria y a su propia
institucionalidad, en el marco de su libre determinación, de acuerdo con
los Arts. 2, 30 y 289 de la CPE. Respeto a la identidad originaria y
las estructuras orgánicas de las naciones y pueblos indígenas
originarios, según su reconstitución territorial y la restitución de sus
autoridades originarias preexistentes. Desburocratización y
desconcentración en la atención del SEGIP a las naciones y pueblos
indígenas originarios.
9. Respeto a la participación y control social en el diseño,
construcción, ejecución y seguimiento de las normas y políticas públicas
del Estado Plurinacional
Exigimos el compromiso del gobierno nacional de construir las normas
legales y las políticas públicas con participación plena y efectiva, con
coordinación y concertación con las naciones y pueblos indígenas
originarios, y respetando sus estructuras orgánicas, así como con los
sectores sociales del pueblo boliviano. Concertar con las organizaciones
de las naciones y pueblos indígenas originarios, con representatividad
nacional, y con los sectores sociales del país, una Agenda Nacional de
reconducción del proceso de construcción e implementación del Estado
Plurinacional Comunitario.
