Alejandro Almaraz
La actitud del Gobierno de Evo Morales frente a la marcha indígena en
defensa del TIPNIS se ha convertido en una rauda maquinaria que
reproduce minuciosamente el discurso, los métodos y la ideología con los
que los gobiernos de la derecha neoliberal respondieron, después de
provocarlas, a las marchas y movilizaciones indígenas.
Uno a uno, y sin excepción alguna, los argumentos gubernamentales
rebotan de ese pasado, y, en algún caso, de un poco más lejos en la
historia. Para empezar, la misma cantaleta ya ideada, usada y desgastada
por las dictaduras militares, muy expresiva de su nivel intelectual, de
que la marcha es “política”. Que está “manejada y financiada por las
ONG”, revelando que la subestimación y el desprecio por los indígenas
son tan evidentes y profundos como los que aquellos gobernantes
movimientistas, adenistas y miristas demostraban, con acusaciones
literalmente exactas, al descartar tácitamente que aquellos puedan
pensar y actuar por sí mismos. Que está “digitada por potencias y
fuerzas extranjeras”, denunciando siniestras conspiraciones que parecen
salidas de una novela policial de cuarta.
Aquí la diferencia está, por un lado, en que mientras para los
anteriores gobiernos los conspiradores eran el comunismo internacional,
las FARC, Sendero Luminoso o Chávez, para el actual, son la embajada
americana, Usaid, la CIA, la DEA, las transnacionales, la oligarquía
separatista, “la REDD”, el capitalismo, el imperialismo y el MSM, todos
juntos; y, por otro, en que aquellos gobiernos del pasado no se
degradaron con la vulgar exhibición de supuestos registros de llamadas
desde la embajada americana a dirigentes marchistas, vergonzosamente a
cargo del mismísimo Presidente de la República.
Más allá de la retórica, los métodos de acción compulsiva y represora de
la derecha gobernante también están siendo imitados por el Gobierno “de
los movimientos sociales”. Primero, tratar de dividir el movimiento con
quinta columnas a los que, idealmente, se encumbra como interlocutores
para autointerlocutar, o, por lo menos, debilitarlo y anularlo. Si no se
lo logra, contrarrestarlo con el posicionamiento público y la acción
encargada a las organizaciones sociales subordinadas. Y, si ni siquiera
esto se logra, inventar la división para su uso mediático. Luego,
amenazar y chantajear para que la marcha no se inicie o no continúe,
sentenciando que “si sale no hay diálogo” o poner ofensivas y
desafiantes condiciones para éste.
En esto, los ministros de la derecha tenían bastante más coherencia y
decoro, pues, después de amenazar y condicionar con enérgico tono
patronal, no aparecían con la cola bajo el rabo prodigándose en risibles
juramentos de “toda la humildad” y “toda la paciencia del mundo”.
Todavía más dramática es la reproducción que Evo Morales hace del uso de
la coerción y la fuerza represiva con las que el Estado neocolonial
repelía las movilizaciones indígenas. Y también, al respecto, hay alguna
significativa diferencia: mientras los gobiernos neoliberales usaban la
fuerza pública para amedrentar y reprimir procurando algún
justificativo legal, este Gobierno, dando cruel sentido a su
autocalificación de ser “de los movimientos sociales”, instrumenta a
organizaciones sindicales campesinas como grupos de choque que,
salvándolo de responsabilidades, bloquean la marcha, decomisan sus
alimentos y agua, y agreden a marchistas indígenas. En este método, tan
inescrupuloso y cobarde, el Gobierno de Evo Morales se reentronca más
bien con el fascistoide pacto militar-campesino.
Pero, más revelador que todo lo anterior es que el conflicto con el
movimiento indígena surge de la plena continuidad de las políticas
públicas del neoliberalismo, fundadas en aquella concepción de
desarrollo que tiene su más apreciada y paradigmática realización en la
construcción de carreteras. Éstas, en las que la gestión neoliberal se
esmeraba asumiendo la doctrinal restricción de la inversión pública a
los campos de la salud, la educación y la infraestructura, conservan
toda prioridad discursiva y presupuestaria, y hasta adquieren mayor
relieve estratégico en lo que este Gobierno entiende como “cambio
revolucionario”. Incluso, mantienen intacto su inmoral componente de
oscuros y fétidos sobreprecios en favor de depredadores transnacionales
renovados en su razón social, más no en su nacionalidad: Andrade
Gutiérrez y Queiroz Galvao han sido relevadas por OAS (Obrigado Amigo
Suegro).
En conclusión, si se habla como la derecha neoliberal, se actúa como la
derecha neoliberal y se piensa como la derecha neoliberal, se es de
derecha neoliberal, aunque se vista de seda estampada con la wiphala.
Alejandro Almaraz es abogado y fue viceministro de Tierras.
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