Marco Octavio Ribera Arismendi
Biólogo y ecologista
Se
subrayan las justificaciones dadas por el segundo mandatario del país, sobre la
carretera que atravesaría el TIPNIS,
Motivo
social: "Que no haya bolivianos de primera o de segunda".
Motivo histórico: "El 30 por ciento esta desvinculado de los valles y del
llano, es obligación del Estado vincular su territorio".
Los indígenas ya están siendo tratados como bolivianos de
tercera, pues el gobierno no está mostrando ninguna consideración ni respeto
por sus derechos más básicos (ver Declaración de los Derechos Indígenas). Esto
se observa en el hostigamiento y abuso criminal a estos bolivianos, que se hace
patente en Yucumo, a partir de un terrorismo de Estado de índole policíaco y
sindical, negando incluso al acceso a un recurso básico y vital que es el agua,
atentando así contra la vida de los indígenas y en una clara intencionalidad de
genocidio. ¿De que bolivianos de segunda nos habla el señor García Linera?
La
primera obligación del Estado, para evitar ciudadanos de segunda o tercera, es respetar la totalidad del artículo 30
de la actual Constitución Política del Estado, sobre los derechos de los
pueblos indígenas.
Respecto a la “buenas intenciones” de la “vinculación de su
territorio”, esto claramente significará la devastación ecológica y social de la zona,
puesto que dicha vinculación implicará la proliferación de ocupaciones ilegales
de tierras, masivos desbosques y le incremento del cultivo de coca y el
narcotráfico.
Motivo
económico: "De 100 por ciento de la riqueza del país,
sólo el 2.5 por ciento lo genera el Beni, departamento que necesita vías
carreteras, proyectos productivos para vincularse con el resto del país y
crecer como economía"
Es curiosa la afirmación del segundo mandatario, si
consideramos las declaraciones del ministro Arce Catacora el 4 de agosto del
2011 (ANF, 4 agosto 2011) quien menciona sobre el Beni: “un departamento normalmente olvidado,
donde no ha afectado para nada el tema minero ni hidrocarburífero, hubo un
importante crecimiento” de 912 millones de bolivianos que aportaba en 2005, hoy
aporta con 1.126 millones con un incremento del 23%. El mismo ministro
afirmaba el año 2011 (Página oficial del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas): “Hay crecimientos importantes, todos los
departamentos han crecido. No hay un departamento que se haya quedado rezagado.
Según la página oficial de este Ministerio, Beni creció 23%, pues en 2005 el PIB real departamental era
de Bs912 millones y en 2010 se elevó a Bs1.126 millones (comparado con el de
Oruro, Bs1.818 millones el 2010, que es uno de los departamentos con mayor
crecimiento).
Inicialmente, las afirmaciones del señor García Linera
son tendenciosas y contradicen la visión del propio gobierno desde el
ministerio de Economía y Finanzas Públicas
Más allá de las contradicciones y el manejo
discrecional de la información en la justificación dada, este razonamiento obedece a una lógica del fundamentalismo
desarrollista y economicista, incongruente con el actual estado ambiental del
país (que no es el mejor) ni del planeta (mucho peor), pero que es una
retroacción desde los años 70, y que estaba presente en los discursos de
sucesivos gobiernos liberales y dictatoriales que comenzaron a abrir extensas
regiones latinoamericanas a la devastación ecológica.
Desde
luego que seguramente el Beni, así como otras regiones del país, necesita
carreteras, pero carreteras que además de ser ecológicas, sean inteligentes,
es decir que no pongan en riesgo áreas protegidas o servicios ambientales, o
que no generen conflictos sociales críticos.
Hablando
de postergación al desarrollo, ¿hasta cuando la carretera San Borja-San
Ignacio-Trinidad, que conecta el oriente con el occidente (La Paz), estará en
el estado actual de postración, “cayéndose a pedacitos” e inhabilitada por las inundaciones
mas de seis meses al año?
En
cuanto a crecimiento de la economía, desafortunadamente, la famosa carretera
por el TIPNIS, hará crecer la economía informal del cultivo y la comercialización
de hoja de coca y la economía ilegal de la elaboración de droga. ¿Se ha
considerado este tipo de crecimiento indeseable, que actualmente ya está en
plena vigencia en la zona?
Motivo
Geopolítico: "Esta carretera es el último toque del
desmontamiento de pretensiones divisionistas de Bolivia, esta carretera es como
la sutura para unir el valle con la Amazonía, para garantizar la base material
de la unidad boliviana de los cincuenta o cien años".
Cuando
precisamente las heridas del “divisionismo” prometían estarse ya cerrando, el
gobierno las vuelve a abrir a su antojo, solamente para poder justificar la
carretera depredadora, vista como una “sutura”. Juegos de palabras trampeadas. Sin embargo, dicho “desmontamiento” o la
mencionada “sutura”, se la podría hacer, sin necesidad de partir en dos el
TIPNIS, sin necesidad de debilitar tanto la imagen del gobierno y del proceso
de cambio, sin necesidad de tanto sufrimiento por parte de los indígenas, sin
necesidad de promover el enfrentamiento
entre bolivianos, etc.
Es
paradójico hablar de la “unidad boliviana” cuando lo que se está promoviendo es la polarización de sectores y el
enfrentamiento entre bolivianos.
El
pliego indígena “Político”: García Linera calificó de político y de
plan de gobierno al pliego de 16 puntos planteado por los indígenas del TIPNIS
y la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), pues se buscaría
beneficiar a sólo sector, en este caso a los indígenas, con demandas que
paralizarían la economía nacional y afectarían en gran medida a los bolivianos.
Si bien algunos puntos de la demanda indígena podrían ser
debatidos, la mayor parte de los 16 puntos, están enmarcadas en diversas normas
del Estado, en el Plan de Desarrollo y la propia Constitución Política del
Estado, y por tanto es una obligación del gobierno el atenderlos: garantizar
que los territorios indígenas sean respetados en la nueva legislación agraria;
el desarrollo normativo y el derecho a la consulta; el desarrollo productivo,
la descentralización a las regiones del Oriente Chaco y Amazonia con asignación
de recursos económicos, provisión de recursos económicos para la implementación
en todos los territorios indígenas titulados como medio para avanzar en una
"Autonomía Indígena"; la Ley de Bosques y Directrices; contemplar el
Parque y Áreas protegidas; recursos económicos asignados para la construcción
de la infraestructura apropiada y el funcionamiento de la Universidad Indígena
Boliviana (UIB); incorporar en forma efectiva a los pueblos indígenas como
beneficiarios del Seguro Universal de Salud; realizar el Censo de Población y
Vivienda a la brevedad posible; implementar planes de vivienda; implementar
políticas de manejo, protección y conservación para resolver el problema del
Río Pilcomayo; garantizar el derecho pleno del acceso y uso de la información y
la comunicación a los pueblos indígenas.
Más de un 90% de las 16 demandas, no deberían tener ningún
nivel de observación o discusión. Evidentemente, el pliego es político, pues se
fundamenta principalmente en la nueva Constitución POLITICA del Estado
Las
exigencias del TIPNIS sugiere la paralización de la actividad hidrocarburífera
que pasa por el Parque Aguaragüe, perjudica a la minería, proyectos
hidroeléctricos en las regiones de reserva natural y afecta a los gobiernos
departamentales y municipales beneficiados con el Impuesto Directo de los
Hidrocarburos (IDH). Recursos que sirven para pagar los bonos Juancito Pinto,
Juana Azurduy de Padilla y la renta Dignidad.
Con el actual nivel de explotaciones mineras e hidrocarburíferas,
se aseguran las rentas a las regiones y sectores, sin necesidad de ingresar en
una espiral de megaproyectos y exploraciones petroleras de alto costo socio
ambiental en áreas protegidas y tierras indígenas. Si se quiere hablar de mas
ingresos, ¿porque el gobierno no
toma coraje y ajusta el régimen tributario de la minería? ¿Cómo se explica que
de 1.900 millones de dólares que exportó la megaminera San Cristóbal el 2010,
el país solo recibió como beneficio un mísero 7,78% (148 millones de dólares),
por concepto de regalías e IUE?
Las actividades petroleras en el Aguarague, al igual que en el
Madidi, Pilón Lajas, TINIS, o en cualquier área protegida, significan un enorme
costo ambiental y social que no se lo está dimensionando. Mas aun cuando el
gobierno ha postergado la gestión ambiental y debilitado las dinámicas de
prevención regulación, y control, buscando incluso flexibilizar y desvirtuar la
aplicación de los instrumentos de control o la propia consulta pública. La
demanda indígena no hace otra cosa que reflejar la preocupación ante la
negligencia ambiental del actual gobierno.
Los megaproyectos mineros o energéticos que está impulsando el
gobierno representan una enorme amenaza socio ambiental a mediano y largo
plazo, algo que no ha ingresado en la lógica de los niveles actuales de decisión, en las cuales
prima el monetarismo a ultranza y que minimiza o elude el análisis de riesgo ambiental, además de ser
totalmente incoherentes con el discurso de protección y defensa de la Madre
tierra. La demanda indígena es valiente, audaz y consecuente, y
pone de manifiesto la profunda irresponsabilidad ambiental del actual proceso.
"Tengo
veinte páginas de un pliego petitorio que ya es un programa de gobierno de un
partido político, las ONGs (Organizaciones No Gubernamentales) que están
apoyando esta marcha tienen derecho hacer política, pero no pueden usar un
sentimiento noble, esto que ha llegado a palacio de gobierno es una propuesta política",
sostuvo Linera
Las palabras del Presidente García Linera causan asombro y
mueven a hacerse las siguientes preguntas:
¿Es que el pueblo, los
indígenas, la sociedad civil, las ongs,
no tienen derecho a hacer una propuesta política? ¿son ciudadanos de
segunda? ¿hacer política es acaso privativo de la “clase política” encumbrada
en la coyuntura de poder, o solo
por el partido en función de
gobierno? ¿es que acaso la CIDOB
no tiene derecho a plantear una propuesta política? ¿es que los indígenas son ciudadanos de segunda o tercera que
supuestamente no pueden posicionarse políticamente? ¿es que realmente se ha
terminado la democracia y es un delito que los ciudadanos o un partido político
sugieran un programa que pueden significar un cambio?
No hay comentarios:
Publicar un comentario