CRECE EL MOVIMIENTO CIUDADANO CONTRA LA CARRETERA VILLA TUNARI-SAN IGNACIO DE MOXOS
SENA-Fobomade *
El 15 de agosto comenzaron a marchar desde Trinidad con rumbo a La
Paz alrededor de 500 indígenas, y se espera que otros dos mil delegados
del denominado “pacto social indígena”, incluidos sindicatos de la
Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, se sumen a esta movilización en
defensa del TIPNIS.?
El 3 de junio de 2011, el gobierno del Presidente Evo Morales
inauguró formalmente las obras de construcción de una carretera
asfaltada de 306 kilómetros desde Villa Tunari en Cochabamba hasta San
Ignacio de Moxos en Beni, atravesando el Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) que pertenece a los pueblos indígenas
yuracaré, trinitario y chimán.
La carretera fue dividida en tres tramos. El Tramo I cubre la ruta
Villa Tunari – Isinuta de 47 Km; el Tramo II de 177 Km vincula Isinuta
con Monte Grande del Apere; y el Tramo III de 82 Km abarca desde Monte
Grande del Apere hasta San Ignacio de Moxos.
El Tramo II partirá en dos el territorio indígena del TIPNIS,
facilitará la invasión de cocaleros, fomentará la explotación irracional
de petróleo y la tala indiscriminada, y por tanto consumará el
“etnocidio” de las comunidades originarias, denunció el ex presidente de
la subcentral del TIPNIS Adolfo Moye.
Los indígenas nunca permitiremos que el gobierno construya ese camino
atravesando el corazón de nuestro territorio, donde está la mayor parte
de la vegetación y de los alimentos que nos sustentan, recalcaron Moye y
el subalcalde del TIPNIS Pedro Tamo, y advirtieron que los chimanes,
yuracarés y moxeños afilan flechas para defender su TCO.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) aseguró que los
tramos I y III ya fueron consensuados con los pueblos del área y ya
cuentan con licencia ambiental; y solo falta el consentimiento de los
indígenas que habitan en el área de influencia del Tramo II. Sin
embargo, los pobladores del Territorio Indígena Multiétnico (TIM),
afectados por el tramo III de la ruta, denunciaron que el gobierno no
les consultó antes de emitir la licencia ambiental, razón por la cual
también rechazan el proyecto. [1]
Es cierto que algunas comunidades indígenas se oponen a la
construcción de la vía, alegando daños a su hábitat, pero también hay
muchos ciudadanos y organizaciones sociales que apoyan este proyecto,
pero “de manera más o menos enfermiza algunos medios no les dan la misma
cobertura”, se quejó el ministro de Obras Públicas Wálter Delgadillo,
refiriéndose a los campesinos, empresarios, transportistas, ganaderos y a
cooperativistas de Cochabamba y Beni, que en la última semana se
pronunciaron públicamente a favor de la construcción de la carretera y
llamaron a “despolitizar el debate”.
“Apoyamos unánimemente la construcción de la carretera Villa
Tunari-San Ignacio de Moxos por ser un proyecto importante para el país,
y sobre todo para el desarrollo de Cochabamba y Beni”, manifestaron en
un comunicado gremios cochabambinos oficialistas, entre ellos la
Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype), las
Federaciones Campesinas, la Federación Departamental de Regantes, la
Asociación de Municipios (Amdeco), la Federación de Fabriles y las Seis
Federaciones de Cocaleros del Trópico.
Los sindicatos masistas de San Ignacio de Moxos aprobaron otra
resolución respaldando la construcción de la vía, que en su criterio
garantiza la “integración” y el “desarrollo” de Beni porque “permitirá
abrir nuevos mercados e impulsar la producción en nuestras comunidades”.
“Para nosotros es muy importante conocer la adhesión al proyecto de las
fuerzas vivas cochabambinas (y benianas), lo que demuestra que hay un
reconocimiento unánime del carácter estratégico de la carretera”,
destacó el ministro de la Presidencia Carlos Romero.
Pero, ¿realmente todos los sectores sociales del país aprueban el
proyecto carretero del gobierno? Por supuesto que no. Además de los
indígenas, investigadores, activistas y amplios sectores sociales de la
clase media rechazan la famosa carretera porque solo beneficiará a los
grandes empresarios de Bolivia, Brasil y Chile, y también a los
colonizadores y cocaleros del MAS, que van en camino de convertirse en
los nuevos ricos de Bolivia. [2]
Esto explica por qué varios sectores sociales de clase media y
comunidades originarias de todo el país han tomado partido por los
originarios del TIPNIS, y se suman a un creciente movimiento ciudadano
que le ha declarado la guerra a la carretera Villa Tunari-San Ignacio de
Moxos.
La VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS
El 24 de junio, representantes de la Asamblea del Pueblo Guaraní
(APG), Central de Pueblos Indígenas de Beni (CEPIB), Central de Pueblos
Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), ORCAWETA, COPNAG y otras
organizaciones indígenas convocaron a la VIII gran marcha indìgena que
partió el 15 de agosto desde Trinidad, decidida a frenar la construcción
de la carretera a través del TIPNIS.
La VIII Marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia
seguirá la misma ruta de la Primera Gran Marcha de septiembre de 1990,
célebre movilización que conquistó el reconocimiento de los primeros
territorios indígenas del país, entre ellos la Tierra Comunitaria de
Origen (TCO) de los pueblos yuracarés, trinitarios y chimanes que
habitan en el Parque Nacional Isiboro Sécure.
La VIII Marcha Indígena aglutinará a diversos sectores sociales que
se sienten traicionados por el “presidente indígena doble cara”. Y es
que Morales se presenta en las tribunas internacionales como el máximo
defensor de los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas,
pero en el país impone a sangre y fuego los mismos megaproyectos de
infraestructura impulsados por Gonzalo Sánchez de Lozada y el Banco
Mundial, diseñados exclusivamente para favorecer a las transnacionales.
Evo Morales promueve estas megaobras a pesar de los enormes daños al
ecosistema y sin pedir permiso a los pueblos indígenas dueños del
territorio, vulnerando sistemáticamente el derecho a la consulta previa e
informada reconocido por la nueva Constitución. En ese escenario, la
VIII Marcha Indígena es mucho más que una cruzada por el TIPNIS; en
realidad es la primera movilización nacional en defensa del derecho a la
consulta previa y vinculante.
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)
decidió que cuatro representantes de cada uno de los 16 suyus afiliados
se movilicen junto a sus compañeros de tierras bajas. Eso significa que
se sumarán a la movilización al menos cien representantes, confirmó el
Mallku de la Comisión de Medio Ambiente Walberto Baraona.
Representantes de las 15 capitanías zonales de la Asamblea del Pueblo
Guaraní (APG) y delegados de los tres Consejos Departamentales de Santa
Cruz, Chuquisaca y Tarija también decidieron plegarse a la
movilización. “Nos adherimos a la VIII Marcha, reservándonos otras
estrategias de lucha para hacer respetar nuestros derechos y demandas”,
señala una resolución del pueblo guaraní reunido del 29 al 31 de julio
en Camiri. [3]
La Organización Indígena Chiquitana (OICH) decidió marchar en apoyo a
sus hermanos del TIPNIS, y también para rechazar la nueva ley de
tierras que elaboran Evo Moralesy la ConfederaciónSindical de Campesinos
de Bolivia, en sustitución de la “obsoleta” ley de Reconducción
Comunitaria de la Reforma Agraria. “Este 15 de agosto los indígenas
chiquitanos estamos marchando para hacer respetar nuestros territorios y
avanzar en la titulación; no permitiremos que colonos o campesinos
avasallen nuestras tierras”, afirmó el secretario de Tierra y Territorio
de la OICH Emigio Poiché.
Se plegarán a la marcha los pobladores del Consejo Indígena del Sur
(CONISUR), afiliados a la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Trópico
de Cochabamba (CPITCO). “Las comunidades del TIPNIS (Cochabamba) están
muy adentro, río abajo y les cuesta salir de sus pueblos, pero sus
representantes salieron para asistir a una reunión donde nos hicieron
conocer que estaban en contra de la carretera”, confirmó una dirigente
de CONISUR a la Red Erbol.
También se movilizarán los miembros de la Capitanía del Alto y Bajo
Izozog (CABI) porque el gobierno les quitó la administración del Parque
Kaa-Iya para entregarlo en concesión a una empresa minera. [4]De igual
manera, la Central Indígena de la Región Amazónica Boliviana (CIRABO)
confirmóla participación de al menos 150 delegados de los pueblos
chacobo, tacana, pacahuara,cavineño,araona yesse ejja.
La bancada indígena ha confirmado que se plegará a la marcha. Pedro
Nuni, diputado oficialista del MAS, dijo que como representantes
indígenas en la Asamblea Legislativa están “conminados” a participar.
“Estamos ultimando detalles de la lucha por nuestro territorio, derechos
y la defensa de la madre tierra”, aseguró Nuni. “La marcha no tiene
paso atrás”, recalcó el asambleísta del MAS Bienvenido Sacu.
Todo el país con los indígenas del TIPNIS
La VIII Marcha Indígena no será una movilización cualquiera porque
aglutinará a todas las organizaciones indígenas del país y también a
diversos sectores sociales de clase media decepcionados de un gobierno
que se autoproclama “anticapitalista”, pero que actúa como cualquier
régimen neoliberal.
El director de la red Erbol Andrés Gómez Vela demostró que Evo
Morales se traiciona a sí mismo y hace exactamente lo contrario de lo
que planteó en la carta que envió a los pueblos indígenas del mundo el
29 de septiembre de 2010. En esa misiva, el Presidente abogó por el
“pleno cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas
establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas, el Convenio 169
de la OIT y otros instrumentos internacionales”; y exigió el
reconocimiento y respeto a sus territorios; la revalorización y
aplicación de sus conocimientos, y la participación y gestión indígena
en la preservación de los bosques y la selva…
Pasados 10 meses, “Morales ha dado un giro de 180 grados: la carta
escrita con la mano fue borrada con el codo, y ahora hace prevalecer los
derechos de una sola nación (la cocalera) por encima de los derechos de
tres nacionalidades más pequeñas: Yuracaré, Tsiman, Mojeño, poniendo en
jaque al denominado Estado Plurinacional... Evo, el líder espiritual,
el salvador, el mesías… es socialista en discurso, capitalista en la
práctica. Su origen étnico es aymara, pero su ADN de clase es cocalera,
por tanto liberal y partidario del desarrollo capitalista. Morales es
producto de sus relaciones económicas y víctima de su poder narcisista”,
arengó el director de Erbol.
Decenas de movimientos ciudadanos se han organizado en todo el país
para defender el territorio comunitario del TIPNIS y para fustigar al
gobierno porque pretende construir la carretera sin seguir
procedimientos técnicos y legales, sin un estudio de impacto ambiental
previo, sin aplicar el derecho a consulta de los pueblos indígenas
dentro del TIPNIS, y vulnerando la propia Constitución del Estado
Plurinacional. Varios núcleos feministas condenaron la imposición del
“proyecto carretero depredador", y sobre todo el "machismo, racismo y la
carga colonial que contienen las palabras del gobierno (del Presidente)
sobre las mujeres yuracarés trinitarias”.
El gobierno debe ser coherente con lo que habla en los foros
internacionales: debe respetar los derechos de los pueblos indígenas
constitucionalizados y reconocidos internacionalmente, y suspender la
construcción mientras no se cumplan tales procedimientos,exhortaron
varias redes sociales. Cada vez más académicos, intelectuales,
activistas y organizaciones ecologistas exigen al Presidente que
suspenda de inmediato la construcción de la carretera por los riesgos e
impactos que supone para los pueblos indígenas y su territorio.
“Un camino no siempre es para vivir bien, pues vivir bien es vivir en
armonía con la naturaleza… A parte de hacer un daño ambiental (las
carreteras) también pueden hacer un daño social y cultural”, admitió el
director del SERNAP Adrián Nogales. “El TIPNIS es un territorio indígena
y un parque nacional, vale decir un área protegida. Ahí está prohibido
hacer actividades que vayan a deteriorar el alto valor biológico. Las
carreteras tienen un efecto perverso en contra de los indígenas porque
los desplaza a las áreas urbanas”, comentó el ex superintendente
forestal José Martínez.
Según el antropólogo español Xavier Albó, la decisión de construir la
carretera por el TIPNIS contrapone muchos intereses y manifiesta dos
concepciones del “vivir bien”: una de ellas reivindica la utilidad que
tiene una carretera como vínculo de comunicación, “pero quienes mejor lo
aprovechan son los que vienen de afuera para expoliar territorios y
recursos”.
En un evento con diversos grupos indígenas del sudoeste brasileiro,
el Programa de Investigación Estratégica de Bolivia (PIEB) constató que
para la mayoría de la gente las carreteras y las represas
hidroeléctricas representan “más amenazas que ventajas… En el fondo,
siguen estando en conflicto dos concepciones del desarrollo, en este
caso el del vivir bien amazónico (todos) con un estilo moderado y
sostenible, versus el de vivir mejor (sólo algunos a costa de los
otros), con el que los menos poderosos y marginados de siempre siguen
quedando más marginados”.
La Fundación Tierra alertó de posibles invasiones cocaleras en caso
de abrir una carretera por el TIPNIS. Para los jóvenes sin tierra
resultará muy atractivo quedarse en la zona porque la coca genera
recursos económicos importantes, vaticinó el director de esa institución
Gonzalo Colque. “El colono lotea, comercializa la tierra, donde ve un
espacio libre se lo apropia, éste es un aspecto cultural de los
cocaleros, de avanzar siempre en masa”, precisó la antropóloga Marianela
Luján.
El tramo carretero en el TIPNIS facilitará la desforestarán de
610.848 hectáreas, es decir el 64,5% del territorio en un plazo de 18
años, estimó el PIEB y se preguntó; “¿Dónde queda la defensa de la Madre
Tierra y la sostenibilidad futura?” La carretera Villa Tunari-San
Ignacio de Moxos podría dañar uno de los parques mejor conservados;
están en juego los derechos de la Madre Tierra, los recursos naturales y
el derecho a la consulta, “por lo que se insta a preservarlos”, se
pronunció el representante del Defensor del Pueblo en Santa Cruz Hernan
Cabrera.
El Comité Ejecutivo de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de
Bolivia (APDHB) exigió al gobierno una evaluación de impacto ambiental
de toda el área, considerando los flujos migratorios de toda la fauna y
la biodiversidad. La APDHB recomendó considerar no sólo la dimensión
económica del proyecto de vertebración vial, sino también los derechos
sociales, políticos, culturales, ambientales y económicos de los pueblos
indígenas, retomando el Proyecto Político nacido en la marcha indígena
de 1990.[5]
Periodistas de medios afiliados a la Asociación Mundial de Radios
Comunitarias de Bolivia (AMARC Bolivia) y productores independientes
reunidos en Cochabamba solicitaron al gobierno que respete las normas
ambientales y le exigieron extremar esfuerzos para hacer cumplir la
Constitución, la Ley de los Derechos de la Madre Tierra, la Ley de Medio
Ambiente y otras normas. Los y las periodistas criticaron duramente la
negativa del gobierno en consultar previamente a los habitantes del
TIPNIS.
La presidenta de AMARC Bolivia Ana Limachi recomendó al Presidente
Morales “que comience a respetar las normativas ambientales en nuestro
país, como hizo despertar a nivel internacional el tema de protección a
la Madre Tierra”. “El desarrollo no es sólo para el presente; hay que
pensar en una visión para las generaciones futuras y a partir de eso
empecemos a cambiar la visión de desarrollo”, planteó el representante
de la Regional Occidente de AMARC Bolivia Carlos Soria.
El presidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce se vio
sorprendido cuando las primeras fraternidades de la XXIV Entrada
Universitaria hacían su ingreso por el Palco Oficial rechazando la
construcción de la carretera que abrirá el corazón mismo del TIPNIS. Más
atrás danzaban los Lecos y los Pakochis exigiendo la “verdadera”
liberación de las nacionalidades oprimidas. En la inédita protesta
universitaria, los Macheteros y los Lecos alertaron del peligro que se
cierne sobre los indígenas del norte de La Paz porque su líder Evo
Morales inauguró los primeros trabajos de exploración petrolera en su
territorio.
Los trotskystas Pakochis reclamaron una verdadera liberación de los
pueblos oprimidos.? “No se trata solo de rescatar las danzas de nuestros
pueblos indígenas, sino también de velar por su bienestar y la
naturaleza”, explicó Nancy Tufiño, docente del taller de Justicia
Comunitaria que presentó la danza de los Lecos. “Bailamos macheteros
para protestar contra la construcción de una carretera en el territorio
indígena del TIPNIS”, declaró Alejandra Luna, ñusta de la fraternidad
que congrega a las carreras de Antropología y Arqueología. (Página
Siete)
El presidente de los Diputados y también docente de la Universidad
Mayor de San Andrés prefirió no comentar semejante “acción política”,
consciente de que la Entrada Universitaria fue concebida como un
instrumento cultural de defensa de las comunidades indígenas sojuzgadas y
castigadas por la acción depredadora de la economía extractiva que
todavía prevalece en Bolivia.
La movilización político cultural de los universitarios paceños fue
una más de las expresiones de apoyo a los indígenas del TIPNIS que se
escucharon en las últimas semanas, luego de que el “primer Presidente
indígena” decidiera construir la carretera que cercenará el TIPNIS,
legendario territorio rico en diversidad biológica y culturas indígenas
ancestrales, “quieran o no quieran” los indígenas.
Ayer domingo se movilizaron varios gremios, organizaciones y grupos
de activistas de todo el país en apoyo a los originarios del TIPNIS, y
este lunes 15 de agosto una nutrida marcha llegó hasta las puertas de la
embajada de Brasil en La Paz gritando: “¡tractor, volqueta, el Tipnis
se respeta!”, “¡TIPNIS si… carretera NO!”, “¡Rojo, amarillo, TIPNIS!,
¡TIPNIS para Bolivia no para Brasil!”...
Así, las movilizaciones urbanas en apoyo a la marcha indígena podrían
converger en los próximos días en la primera acción popular articulada
contra el gobierno de Evo Morales y por la “reconducción” del “proceso
de cambio” en Bolivia.
Notas:
[1] El TIM es una TCO situada en la provincia Moxos de Beni, con una extensión de 357 mil hectáreas. “Las comunidades del Territorio Indígena Multiétnico jamás tuvieron conocimiento del proyecto de diseño final de la construcción de la carretera Villa Tunari –San Ignacio de Moxos, así como de los procedimientos ambientales realizados para la obtención de la licencia para el inicio de dicho proyecto”, denunciaron los dirigentes de la Subcentral de Cabildos Indigenales del TIM en un voto resolutivo emitido el 26 de junio. Además, exigieron la paralización temporal de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) desarrollada por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP); rechazaron la construcción de la carretera por el TIPNIS, demandaron la paralización inmediata de las obras, y denunciaron ante los organismos nacionales e internacionales “la vulneración flagrante y el pisoteo a los convenios y acuerdos internacionales por parte del gobierno del presidente Evo Morales, especialmente los referidos a los derechos de los pueblos indígenas, la biodiversidad y el medio ambiente”,
[2] Los cooperativistas mineros, cocaleros, contrabandistas y los narcotraficantes fueron los más beneficiados por la “bonanza económica” durante la administración de Evo Morales. “El crecimiento de ingresos (económicos) que tiene este sector (de los cocaleros) se ha transformado en uno de los más beneficiados; más allá de la gente que está favoreciéndose del contrabando, que es otro efecto que nos está trayendo la actual situación y lastimosamente la economía del narcotráfico que viene a ser la economía ilegal boliviana”, afirmó el director ejecutivo de la Fundación Jubileo Juan Carlos Núñez.
[3] “Demandamos la paralización de todas las actividades hidrocarburíferas realizadas por las empresas en el territorio ancestral guaraní del Aguarague, así como la paralización del Estudio Ambiental Estratégico EAE que viene realizando la Dirección General de Gestión Socio Ambiental del Ministerio de Hidrocarburos, por estar orientada a la exploración y explotación de actividades y proyectos hidrocarburíferos y no al acceso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del Parque Nacional Aguarague; tema que es vital para precautelar el espacio de vida de otras áreas protegidas y parques nacionales en los cuales están asentados los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía”, agrega el pronunciamiento indígena.
[4] Durante años, el pueblo isoceño luchó por la titulación de la TCO de la zona, logró su inmovilización en julio de 1997 y el saneamiento en agosto de 1998. Mediante un convenio con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), la CABI se convirtió en administradora del parque durante 10 años, hasta que en 2008 el SERNAP revocó el acuerdo.
[5] Pedimos a las instancias del gobierno a cumplir con el reto de integrar, acoger y respetar el concepto de bienestar, incluyendo la importancia medio ambiental con el marco normativo, político y operativo amplio para la implementación de un enfoque de desarrollo con los pueblos indígenas de tierras bajas, basado en los derechos humanos y su cultura. Demandamos que los pueblos indígenas sean respetados en sus cosmovisiones distintas y únicas, y sus necesidades actuales y aspiraciones para el futuro, sin ser vistos solo como “guarda bosques” sino como sociedad interesada en una acción transformadora propia. Exigimos el reconocimiento de sus identidades propias, su autogobierno y su autodeterminación basado en las “autonomías indígenas”, señala el pronunciamiento de la APDHB firmado porYolanda Herrera, presidenta; Felipe Ugarte, vicepresidenta y Víctor López secretario general.
* Fuente: Boletín especial N. 100 del Servicio de Noticias Ambientales del Foro Boliviano sobre Medioambiente y Desarrollo (SENA-Fobomade). Más información: Anuario SENA 2010 http://www.fobomade.org.bo/art-1285
----------------------------
Nota de redacción: Hasta la fecha más de 70 entidades y organizaciones sociales se han pronunciado en contra de la carretera del TIPNIS, entre ellas los Colegios de Biólogos, Ingenieros Agrónomos, Ciencias Agropecuarias y Comunicadores; sindicatos de todas las tendencias políticas como la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba, de filiación trotskys; decenas de grupos ciudadanos como el Centro de Capacitación y Comunicación CHASQUI, la Asociación Alemana de Educación para Adultos, el Centro de Investigación y Servicio Popular, el Centro para el Desarrollo Sostenible Molle, la Fundación Bosque para la Vida, la Fundación Plagbol; la Red Nacional de Voluntarios Ambientalistas de Bolivia y otras 27 instituciones afiliadas a la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas).?
[1] El TIM es una TCO situada en la provincia Moxos de Beni, con una extensión de 357 mil hectáreas. “Las comunidades del Territorio Indígena Multiétnico jamás tuvieron conocimiento del proyecto de diseño final de la construcción de la carretera Villa Tunari –San Ignacio de Moxos, así como de los procedimientos ambientales realizados para la obtención de la licencia para el inicio de dicho proyecto”, denunciaron los dirigentes de la Subcentral de Cabildos Indigenales del TIM en un voto resolutivo emitido el 26 de junio. Además, exigieron la paralización temporal de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) desarrollada por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP); rechazaron la construcción de la carretera por el TIPNIS, demandaron la paralización inmediata de las obras, y denunciaron ante los organismos nacionales e internacionales “la vulneración flagrante y el pisoteo a los convenios y acuerdos internacionales por parte del gobierno del presidente Evo Morales, especialmente los referidos a los derechos de los pueblos indígenas, la biodiversidad y el medio ambiente”,
[2] Los cooperativistas mineros, cocaleros, contrabandistas y los narcotraficantes fueron los más beneficiados por la “bonanza económica” durante la administración de Evo Morales. “El crecimiento de ingresos (económicos) que tiene este sector (de los cocaleros) se ha transformado en uno de los más beneficiados; más allá de la gente que está favoreciéndose del contrabando, que es otro efecto que nos está trayendo la actual situación y lastimosamente la economía del narcotráfico que viene a ser la economía ilegal boliviana”, afirmó el director ejecutivo de la Fundación Jubileo Juan Carlos Núñez.
[3] “Demandamos la paralización de todas las actividades hidrocarburíferas realizadas por las empresas en el territorio ancestral guaraní del Aguarague, así como la paralización del Estudio Ambiental Estratégico EAE que viene realizando la Dirección General de Gestión Socio Ambiental del Ministerio de Hidrocarburos, por estar orientada a la exploración y explotación de actividades y proyectos hidrocarburíferos y no al acceso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del Parque Nacional Aguarague; tema que es vital para precautelar el espacio de vida de otras áreas protegidas y parques nacionales en los cuales están asentados los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía”, agrega el pronunciamiento indígena.
[4] Durante años, el pueblo isoceño luchó por la titulación de la TCO de la zona, logró su inmovilización en julio de 1997 y el saneamiento en agosto de 1998. Mediante un convenio con el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), la CABI se convirtió en administradora del parque durante 10 años, hasta que en 2008 el SERNAP revocó el acuerdo.
[5] Pedimos a las instancias del gobierno a cumplir con el reto de integrar, acoger y respetar el concepto de bienestar, incluyendo la importancia medio ambiental con el marco normativo, político y operativo amplio para la implementación de un enfoque de desarrollo con los pueblos indígenas de tierras bajas, basado en los derechos humanos y su cultura. Demandamos que los pueblos indígenas sean respetados en sus cosmovisiones distintas y únicas, y sus necesidades actuales y aspiraciones para el futuro, sin ser vistos solo como “guarda bosques” sino como sociedad interesada en una acción transformadora propia. Exigimos el reconocimiento de sus identidades propias, su autogobierno y su autodeterminación basado en las “autonomías indígenas”, señala el pronunciamiento de la APDHB firmado porYolanda Herrera, presidenta; Felipe Ugarte, vicepresidenta y Víctor López secretario general.
* Fuente: Boletín especial N. 100 del Servicio de Noticias Ambientales del Foro Boliviano sobre Medioambiente y Desarrollo (SENA-Fobomade). Más información: Anuario SENA 2010 http://www.fobomade.org.bo/art-1285
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Nota de redacción: Hasta la fecha más de 70 entidades y organizaciones sociales se han pronunciado en contra de la carretera del TIPNIS, entre ellas los Colegios de Biólogos, Ingenieros Agrónomos, Ciencias Agropecuarias y Comunicadores; sindicatos de todas las tendencias políticas como la Federación de Maestros Urbanos de Cochabamba, de filiación trotskys; decenas de grupos ciudadanos como el Centro de Capacitación y Comunicación CHASQUI, la Asociación Alemana de Educación para Adultos, el Centro de Investigación y Servicio Popular, el Centro para el Desarrollo Sostenible Molle, la Fundación Bosque para la Vida, la Fundación Plagbol; la Red Nacional de Voluntarios Ambientalistas de Bolivia y otras 27 instituciones afiliadas a la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas).?
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