Arturo D. Villanueva Imaña *
http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011090209
La historia reciente de Bolivia está marcada por una increíble dinámica y profundidad de acontecimientos que se han producido en muy pocos años, y por innumerables momentos y coyunturas de carácter episódico pero fundacional, que han sentado las bases del proceso de cambio y transformación democrático cultural.
Al efecto, baste mencionar las denominadas
guerras del agua y del gas, las revueltas populares de febrero y octubre
de 2003, la Asamblea Constituyente y el establecimiento del nuevo Pacto
Social con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado,
etc. En ese marco y luego de aquel crítico momento de quiebre que se
produjo a fines del año 2010 cuando el Gobierno de Evo Morales tuvo que
echar marcha atrás a la decisión inicial de imponer sobre las espaldas
del pueblo el decreto del gasolinazo; ahora surge otro asunto de interés
nacional originado en la decisión de construir y cortar por el núcleo
el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que
junto a la realización de la VIII Marcha Nacional de los Pueblos
Indígenas de Bolivia, también ha provocado el pronunciamiento y
manifestación de todos los sectores sociales del país, e inclusive a
nivel internacional de referentes institucionales y personalidades, que
han buscado contribuir al debate, el abordaje del conflicto y los
caminos de solución.
De la amplia y muy rica contribución de pronunciamientos, análisis y
aportes realizados sobre el conflicto del TIPNIS, baste mencionar y
destacar los siguientes asuntos de preocupación que continúan siendo
debatidos y forman parte de la agenda pública y política de Bolivia:
1. La incongruencia entre el discurso y la práctica gubernamentales
en lo que se refiere a la lucha contra el sistema capitalista, la
defensa y protección de los derechos de la Madre Tierra (Pachamama), y
la aplicación efectiva del paradigma civilizatorio del Vivir Bien (Suma
Qamaña), para que no se quede como una mera formulación declarativa a
nivel constitucional.
2. La necesidad y demanda popular para efectivizar en la práctica la
lucha contra el modelo neoliberal y los intereses transnacionales
orientados a la depredación de la naturaleza, el extractivismo y la
explotación de los recursos naturales.
3. El incumplimiento de la legislación constitucional, nacional e
internacional referida a los derechos de los pueblos indígenas y las
restricciones y prohibiciones expresas referidas a los parques
nacionales y las áreas protegidas como el TIPNIS.
4. La intolerancia y agresividad discursiva gubernamental, basada en
el fantasma de una supuesta confabulación (opositora, internacional y
oenegista), que se ha traducido en actitudes confrontacionales
excluyentes, orientadas a descalificar y desconocer una justa demanda
indígena y nacional.
5. La extraña reticencia y rechazo presidencial a establecer espacios
de diálogo directo con las organizaciones de los pueblos indígenas,
cuando no solamente se ha adoptado el principio de “gobernar obedeciendo
al pueblo”, sino que existe la ineludible obligación de cumplir y
efectivizar el derecho de consulta y participación establecidas en la
Constitución Política del Estado, el Convenio 169 de la OIT y la
Declaración Universal de los derechos de los pueblos indígenas,
ratificados por leyes expresas de la nación.
6. El falso y engañoso dilema entre desarrollo nacional y
preservación de la naturaleza y protección de los derechos indígenas,
que conduce a soluciones excluyentes que se traducen en construir la
carretera “quieran o no quieran”, sin considerar alternativas acordes al
carácter plurinacional del país, al enfoque civilizatorio del Vivir
Bien en armonía con la naturaleza y a la preservación de la soberanía y
dignidad nacional.
7. El cuestionamiento gubernamental a la agenda de 16 puntos de los
pueblos indígenas de Bolivia (que forman parte de las demandas de la
VIII Marcha Nacional), en la que extrañamente se cuestiona los pedidos
de paralización de los proyectos de explotación hidrocarburífera que
corresponden a una lógica capitalista de explotación de los recursos
naturales, bajo el argumento de que son totalmente inatendibles porque
implicarían paralizar el país, pero que paralelamente no cuestiona el
interés de los pueblos indígenas por adjudicarse los recursos económicos
emergentes de los servicios ambientales que brindan las áreas
protegidas y los territorios indígenas, cuando en realidad ello
significaría adscribirse al enfoque mercantilista vinculado a la
economía verde y los mercados de carbono, que solo favorecen los
intereses capitalistas y otorgan un paraguas supuestamente ecologista,
que da piedra libre al emprendimiento de los mega negocios y los mega
proyectos, no contribuye a la reducción de la emisión de gases y solo
crea una nueva fuente mercantil y financiera acorde a la lógica
extractivista y depredatoria del capitalismo.
Aunque ciertamente no se trata de asuntos menores para el interés
nacional, sobre los que no se realizará mayor abundamiento en vista de
la profusa difusión de ideas que se ha dado al respecto; en cambio, sí
se quisiera contribuir a poner atención a otros asuntos que entrañarán
(a nuestro modesto entender), el sinceramiento del Gobierno y el
Proyecto Nacional que se encara, así como la definición de los
contenidos y la orientación del proceso de cambio que se encuentra en
curso. Estos asuntos son:
a) El verdadero perfil de aplicación y cumplimiento al derecho de
consulta y participación de los pueblos indígenas que se encuentra
establecido y aprobado constitucionalmente. De forma muy sugerente, la
forma de abordaje de este asunto ha transitado como si se tratase
únicamente de establecer un espacio de diálogo para atender algunas
demandas indígenas, pasando por el cumplimiento de un requisito
meramente formal de consulta (asociado a la idea de consulta pública que
no corresponde) en el que expresamente se ha intentado desechar el
carácter vinculante del consentimiento previo, libre e informado que el
Gobierno está obligado a cumplir en todos aquellos proyectos, medidas o
legislación que pueda afectar a los pueblos indígenas.
No debe olvidarse que tanto el carácter plurinacional del Estado como
el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, están
estrecha y directamente relacionados con el cumplimiento y aplicación
del derecho de consulta, puesto que mal podría hablarse del ejercicio y
capacidad de autogobierno de los pueblos indígenas, así como del
carácter plurinacional de nuestro Estado, si ni siquiera se cumple con
el derecho de consulta establecido y aprobado, y tampoco se respeta la
identidad, la dignidad y el territorio de los pueblos indígenas.
Un asunto no menor en el proceso de aplicación y cumplimiento del
derecho de consulta de los pueblos indígenas, está relacionado con el
rol del Gobierno Nacional en representación del Estado, y si aquel, como
está sucediendo actualmente, debe constituirse en juez y parte del
proceso. Es decir, como garante y ejecutor al mismo tiempo del derecho
mencionado.
b) El tipo de desarrollo y el enfoque del Proyecto Nacional que
Bolivia pondrá en práctica a partir de las decisiones que se adopten con
el TIPNIS. La ambivalencia prevaleciente hasta ahora entre un discurso
retórico que afirma defender los derechos de la Madre Tierra y la
construcción de un paradigma alternativo del Vivir Bien en armonía con
la naturaleza y la convivencia complementaria de diversas y diferentes
identidades culturales, en contraposición a la lógica de explotación
mercantil y extractivista del capitalismo, que alienta el desarrollo de
megaproyectos como la carretera que pretende cruzar por el TIPNIS, ya no
será posible sostener.
Es decir, que la forma de resolución de las llamadas “contradicciones
creativas” ya no será posible mantenerlas en una esfera indeterminada
de indefiniciones, puesto que los hechos demandarán la adopción de un
enfoque claramente identificable. Al respecto, es de desear que se
impongan los postulados y directrices estratégicas contenidas ya en la
Constitución Política del Estado y otras normas como la ley de la Madre
Tierra o el propio Plan Nacional de Desarrollo para Vivir Bien (que por
cierto ya hace mucho tiempo debía estar acompañado de un sistema de
evaluación, seguimiento y ejecución con indicadores de medición
apropiados), aunque paralelamente no se puede ignorar los signos y las
orientaciones en contrario que el Poder Ejecutivo se ha encargado de
transmitir al pueblo, desde que se conoció la decisión de construir la
carretera por el TIPNIS.
c) La recomposición o ruptura del bloque social de sustento del
proceso de cambio y transformación. La importancia estratégica que este
asunto entraña, está relacionada con la composición de las fuerzas
sociales y populares que forman parte del proceso y que
indiscutiblemente le otorgan un determinado contenido y orientación. Al
cabo de algo más de 5 años de gestión gubernamental, ya se ha mencionado
la supuesta restitución de aquel repudiado “pacto militar campesino”
promovido por regímenes dictatoriales de los generales René Barrientos y
Hugo Banzer, como el sustento principal del Gobierno de Evo Morales.
Aunada a esa circunstancia no puede ignorarse la reiterada e
incomprensible actitud de colonizadores y campesinos (incluidos
legisladores del Congreso Plurinacional que responden a esos sectores),
que nuevamente han amenazado con impedir y bloquear (es decir,
enfrentarse) a la marcha de los pueblos indígenas de Bolivia, siendo que
este sector popular constituye (o al menos debería entenderse así) otro
de los principales aliados y base de sustentación del Estado
Plurinacional.
Por otra parte, no es menor la frágil y muy inestable alianza con los
sectores obreros y populares aglutinados en la COB, que también han
demandado que el gobierno escuche, atienda y cumpla con los derechos y
demandas de los pueblos indígenas originados en el conflicto del TIPNIS,
con lo que se configura un escenario complejo que con seguridad marcará
la reconfiguración de fuerzas sociales y su correlación dentro del
proceso de cambio.
Es claro que en este caso, la forma de cómo se aborde y resuelva el
conflicto del TIPNIS, también determinará el contenido y orientación del
proceso de cambio y transformación. De la lucidez de los actores, no
solo depende una adecuada y esperada solución del conflicto, sino el
destino y ruta del proceso de transformación democrático cultural que ha
empeñado las esperanzas y el compromiso de muchos bolivianos. La
iniciativa que se tome y la profundidad de las decisiones, están en
manos del Gobierno.
* Sociólogo boliviano.
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